Evitar los actos vandálicos. Ese es el argumento del edil de Seguridad Ciudadana y del Alcalde de Grado para instalar cámaras de videovigilancia en el C.P. Bernardo Gurdiel.
Nada que objetar si como parece se trata de impedir los desmanes que en él se hacen los fines de semana. Claro que eso supone que durante el resto de la semana, las cámaras deberán permanecer apagadas, y muy especialmente durante la jornada lectiva.
Ahora bien. Instalarlas en las principales vías de Grado para evitar incumplimientos de la ley de tráfico que permitan acabar con las infracciones, es cuando menos, de dudosa legalidad.
La agresividad de la medida vulnera la instrucción por la que se regula el tratamiento de imágenes de personas físicas identificadas o identificables con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras. La instrucción establece que sólo se considerará admisible la instalación de cámaras cuando la finalidad de vigilancia «no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas».
Además un distintivo informativo deberá incluir una mención a la finalidad para la que se tratan los datos -zona videovigilada- y otra, expresa, a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos de las personas en materia de Protección de Datos.
El desconocimiento es tan amplio, que el edil responsable se permite resaltar la importancia de las cámaras de videovigilancia ya que, además, permitirán almacenar las grabaciones. Nada más lejos de la realidad, o se le da tratamiento en tiempo real, o se considera fichero y deberá ser cancelado en el plazo máximo de un mes desde su captación.
Claro que lo que el equipo de gobierno Municipal persigue es una extensión tecnológica de un estado policial. Con afán recaudatorio.
Ciudadano de Grado, CUIDADO, el ojo del gran hermano te vigila.
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